Es una historia de vieja data, que aun no se sabe si tendrá un epílogo satisfactorio o se prolongará en el tiempo indefinidamente. El conflicto entre el Gobierno y los vendedores ambulantes sigue manteniendo en vilo a una buena parte de la sociedad, en particular aquellas que circula a diario por el microcentro. El lunes pasado hubo una violenta represión policial contra los cuentapropistas, que insistieron en colocar algunos puestos en la peatonal. La violencia desplegada en la esquina de Mendoza y Maipú, terminó también afectando a los comerciantes y a los peatones.

El Gobierno les había propuesto varias alternativas para que los vendedores se incorporen a la legalidad, mediante programas sociales que permitan capacitaciones; así como la posibilidad de reubicarlos el Predio Ferial Norte o alquilar de un local, a cargo del Gobierno, para que instalaran sus puestos. Sin embargo, estos rechazaron el Predio Ferial por considerarlo “una zona desfavorable” para su actividad y otro tanto hicieron con los planes y de la capacitación, aunque no explicaron la razón. “Estaríamos dispuestos a escuchar propuestas sobre un local, pero que esté en el microcentro”, dijo el referente del Sindicato de Vendedores Ambulante (Sivara). Tras la represión, los vendedores pidieron diálogo. “Me solidarizo con los peatones y los periodistas que fueron golpeados durante los incidentes con la Policía. No queremos que vuelva a haber enfrentamientos”, afirmó el dirigente gremial.

Ayer, se reunieron nuevamente con la secretaria general de la Gobernación y propusieron que el PE les alquile durante tres años dos locales ubicados en la calle 24 de Septiembre 200 que, según ellos, reúnen las condiciones que se exigen, donde entraría la mayoría de los 300 ambulantes afiliados al Sivara. Solicitaron que se permita la venta de mano, fuera del núcleo del microcentro, a cambio de pagar un monotributo social y un canon municipal. “Estamos dispuestos a dejar las peatonales y las calles Maipú y Junín, que son las más comerciales, para corrernos hacia otras más alejadas, como Salta, Santiago del Estero o Monteagudo, por ejemplo. Lo único que queremos es trabajar, cumpliendo con todo lo que dice la ley”, dijo el gremialista. Mañana, el Gobierno les dará una respuesta.

En este conflicto, llama la atención que quienes se desenvuelven hace muchos años fuera de la ley, le imponen condiciones a la autoridad, paradójicamente para cumplir la ley, cuando no hay otro camino que acatarla porque no se está en condiciones de exigir nada. Pero la mismo tiempo, el Gobierno también viene incumpliendo una orden de la Justicia desde 2006, o sea que ambos se hallan en la ilegalidad.

Es increíble que los trabajadores se den el lujo de rechazar planes sociales y capacitación que les permita sumarse al mercado laboral legal. Tampoco se entiende por qué no aborda el problema de raíz, desenmascarando a los proveedores que lucran con este negocio ilegal y con el trabajo de los vendedores, y sancionándolos. Tampoco lo ha hecho la Federación Económica de Tucumán cuando el anterior secretario general de la Gobernación, dijo que los dueños de este negocio eran afiliados a la central empresaria. Luego de tantas promesas rotas a lo largo de los años, si finalmente se llega a un acuerdo definitivo, habrá que asegurarse que así sea para no volver a las andadas en poco tiempo.